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La justicia freno la construccion de un Country por parte de la empresa Covelia


AKIRA

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La Justicia ordenó la paralización de la obra que Covelia estaba realizando en la laguna Santa Catalina, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde estaba construyendo un country . La resolución fue dictada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que hizo lugar a una medida cautelar presentada en el marco de la causa Mendoza, en la que la Corte Suprema dispuso el saneamiento del Riachuelo.

 

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La empresa recolectora de residuos, que algunos vinculan al camionero Hugo Moyano, compró el predio de 650 hectáreas donde se encuentra la laguna a fines de 2008. Por el pagó $ 32 millones con el objetivo de construir el country “Solares de Beherán”. El mes pasado se descubrió que estaba rellenando el espejo de agua con tierra, basura y escombros, a pesar de que un proyecto de ley con media sanción de la Legislatura bonaerense propone proteger el predio como una reserva natural . Ante esta situación, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó un recurso de amparo. Y ayer el juez Armella le hizo lugar al pedido y frenó la obra.

 

En su resolución, el juez destaca que el predio y la laguna de Santa Catalina constituyen un humedal de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo, “un bien jurídico colectivo, que alberga una notable biodiversidad, posee formaciones boscosas autóctonas e implantadas, es un sitio de escala y anidaje de aves migratorias y posee atributos suficientes que lo llevarían a ser declarado reserva natural”.

 

Ante la posibilidad de riesgos o daños al ambiente, Armella ordenó a Covelia “la inmediata paralización de toda obra, construcción o actividad en el predio y laguna Santa Catalina y la remoción de todo vehículo, maquinaria y material constructivo del mismo”. También le ordenó a la Municipalidad de Lomas de Zamora que se abstenga de habilitar o permitir obras en el lugar. Y dispuso que la autoridad de la Cuenca, que es ACUMAR, y la provincia de Buenos Aires ejerzan el poder de policía en el predio “para garantizar el cese del daño ambiental sobre el ecosistema”. Además, le dio cinco días de plazo a ACUMAR para hacer un relevamiento del predio y de las obras que Covelia hizo en él.

 

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