Los informes que molestaron al gobierno | Leandro Despouy

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Leandro Despouy tenía listo una serie de informes que preocupaban a varios funcionarios . Entre los temas que pensaba abordar la AGN durante la semana que viene están las auditorías al funcionamiento de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), otra que examinaba el uso de los fondos de las obras sociales, un informe sobre gestión de telefonía móvil y otro sobre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

 

 

La AGN presentó el miércoles el temario que pensaba tratar durante la semana que viene, con los trabajos que venía realizando esa auditoría. Sin embargo, ese encuentro, que está previsto para el próximo miércoles probablemente cambie de eje. Ya no será tanto sobre lo que Despouy venía investigando, sino sobre la titularidad de ese organismo de control.

 

Entre las investigaciones que pensaba presentar la AGN está la correspondiente al polémico manejo de fondos de la Oficina Nacional de Control Comercial y Agropecuario (ONCCA). Allí mandaba Ricardo Echegaray y hubo transferencias de dinero público a feedlots (empresas de engorde vacuno) que podrían ser propiedad del funcionario o de algunos familiares o allegados.

 

La ONCAA se disolvió y luego pasó bajo la órbita de Guillermo Moreno. Pero las auditorías de la AGN tienen a otros funcionarios en la mira. La gestión del dinero de las obras sociales en la Superintendencia de Servicios de Salud también estaba en la orden del día que la AGN presentó el miércoles pasado, con la intención de presentar sus informes el miércoles próximo.

 

Mientras que varios legisladores de la oposición defendieron a Despouy, la AGN tenía listos otros informes sobre “facturación de telefonía móvil” (que está bajo la órbita del ministro de Planificación, Julio De Vido) y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el puesto que ahora posee Juan José Mussi.

 

Entre los informes e investigaciones realizados por la AGN tuvo impacto el realizado sobre TBA. El organismo de control había advertido sobre las “debilidades” y problemas de la línea Sarmiento entre 2007 y 2009.

 

El Gobierno no le hizo caso, hasta que llegó la tragedia de Once, con 50 muertos y más de 600 heridos.

 

“Ni la ANSeS ni tampoco ningún otro ente estatal – Ministerio de Economía o Seguridad Social – realizó un estudio de sustentabilidad para el período 2007-2050”, describe el informe presentado por Despouy en el Congreso.

 

Una de las auditorías que más molestó al Gobierno fue cuando se descubrió el desvío de $ 24 millones dentro del área de Desarrollo Social , dependientes de Alicia Kirchner. Ese dinero era para un censo de pueblos originarios que nunca se realizó.

 

El Gobierno mantiene acéfalos la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que están a cargo de autoridades provisorias. También neutralizó la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina Anticorrupción, donde están al frente funcionarios que no cuestionan al Poder Ejecutivo.

 

En las concesiones viales, a cargo de la OCCOVI, hubo falta de control sobre la ejecución de obras y no se suministró información clave a la AGN. Este órgano de control presentó, en marzo, un informe que cuestiona el uso del dinero de la ANSeS.

 

 

Clarin