Paro de Prefectura Naval Argentina | Cristina elimina por decreto parte de su sueldo

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Los prefectos y guardacostas se plantaron y dijeron no. Los efectivos que se encuentran autoacuartelados rechazaron la propuesta que les acercó el secretario de Seguridad, Sergio Berni.

 

Esta mañana, los efectivos de la agrupación Albatros y la compañía Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina se autoacuartelaron en varios destacamentos de esa Fuerza en el marco de un reclamo salarial del que también participan efectivos de Gendarmería.

 

 

Ante el fuerte reclamo, Berni, el segundo de la ministra de Seguridad Nilda Garré, tuvo que sentarse a negociar con los efectivos. Pasado el mediodía el funcionario llegó al edificio "Guardacostas", sede central de la institución, pero la mesa de diálogo no prosperó.

 

Según revelaron algunos de los uniformados en el edificio del barrio porteño de Puerto Madero, Berni solicitó un plazo de 24 horas para buscar una solución del reclamo, pero el pedido fue rechazado por los efectivos que reclaman una respuesta ya.

 

Según denuncian los prefectos, no solo no los dieron aumentos similares a los de los estatales sino que, además, el decreto 1.307 de este año, que reordenó los salarios en las Fuerzas de Seguridad, les implicó recortes de sueldo de entre el 30% y el 60%, con pérdidas en sus ingresos de 1.500 pesos o más por mes.

 

Esa norma, firmada por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue publicada en el Boletín Oficial el 4 de septiembre pero comenzó a regir esta semana cuando los efectivos fueron a cobrar sus sueldos. Entre otras cosas, eliminó adicionales y compensaciones y estableció cuatro nuevos suplementos particulares.

 

Enardecidos, los efectivos protestaron contra el decreto y le gritaron furiosos a Berni: “¡Que baje! ¡Que baje! ¡Que baje!”. Pero el secretario de Seguridad no se presentó en la entrada principal donde había cientos de prefectos. Muchos de ellos, enojadísimos.

 

La protesta fue convocada por efectivos desplegados en el operativo de seguridad "Cinturón Sur", quienes aclararon que la medida "es pacífica" y que el personal que adhirió a la protesta está desarmado.

 

 

La postal en Avenida Eduardo Madero 235, donde funciona el edificio "Guardacostas", mostró una imagen nunca vista: a los prefectos a puro aplauso y gritos, con sus pancartas en repudio al decreto 1307 en alto. Con el correr de las horas, cada vez más efectivos se sumaron a la protesta. Incluso, muchos que estaban de franco y vestidos de civil se acercaron a apoyar a sus compañeros.

 

"No cobramos una moneda. Te amenazan con los pases, te amenazan con sanciones. Vivimos presionados. Tenemos que vivir de los adicionales. Hacemos 24, 36 horas y de repente vienen y te arrebatan 3 mil, 4 mil pesos. Del ministerio nadie viene a dar la cara", se quejó a los gritos y angustiadísimo un efectivo por el canal de noticias TN.

 

Desde muy temprano circulaban mails que convocaban a una sentada en los edificios Centinela, de Gendarmería, y Guardacostas, de Prefectura, y a una protesta mayor para el viernes.

 

A través de un comunicado, Prefectura informó que "se produjeron algunas manifestaciones de descontento en sectores focalizados de la institución". Y que "las autoridades de Prefectura, junto al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Economía, están trabajando para resolver eventuales desequilibrios y encontrar una solución apropiada al tema"

 

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La cadena se rompió por lo más delgado: la Prefectura que no tiene estado militar, es decir menor rigor disciplinario. Pero el descontento salarial llega también a la Gendarmería y a la Policía Federal, así como a las fuerzas armadas, según fuentes militares consultadas por Clarín.

 

La protesta de los prefectos es la consecuencia de una política salarial para las fuerzas armadas y de seguridad que arrancó en el 2005 y que se basa en el otorgamiento de suplementos (por ejemplo por vivienda) a los efectivos en actividad para evitar pagarle aumentos a los retirados. Esto provocó el inicio de una avalancha de amparos judiciales tanto de los activos como los retirados que fueron avalados por la Corte Suprema en las causas Salas y Zanotti. Se estima que el 80 por ciento de los prefectos y los gendarmes tienen amparos desde hace tres años que representan en promedio el 30 por ciento de sus remuneraciones. Además, los amparos llevaron a romper la escala jerárquica salarial. Por ejemplo, hay 43 oficiales que cobran un sueldo mayor al del jefe del Ejercito, general Luis Pozzi.

 

Entonces, la presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto 1307 para las fuerzas de seguridad y 1305 para las armadas que derogó once decretos anteriores con la intención de solucionar el problema. Pero esos últimos decretos llevaron a que de hecho la mayoría cobrara menos al blanquearse sus sueldos y descontársele las aportes sociales y el impuesto a las Ganancias.

 

El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, tuvo que tomar en agosto una medida insólita para que los militares no cobraran menos este mes: firmó una resolución para que pagaran la mitad a las obras sociales, a pesar de que las empezó a desfinanciar.

 

En cambio, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y su segundo, Sergio Berni, deberán ahora decidir cómo salen del atolladero salarial que creó el decreto 1307.