El gobierno Argentino restringe la libertad de prensa por ley

[El_Tano]

A partir del momento en que la ley quede promulgada, el Gobierno podrá:

 

-controlar la producción de papel.

 

-fijar cupos de distribución.

 

-fijar aranceles de importación, para traer papel que, hasta este momento, se importa libremente con arancel cero. En la Argentina se consumen anualmente 225.000 toneladas de papel y un 30 por ciento se importa sin restricciones.

 

-Papel Prensa estará obligada a satisfacer el 100 por ciento del consumo nacional. Actualmente, esta empresa privada, desarrollada con la inversión de La Nación y Clarín, abastece el 74 por ciento de la demanda. La ley obliga a la planta a ampliarse y -aquí está el dato esencial- permite que el Estado haga las inversiones necesrias para justificar, de esa manera, que crezca su participación accionaria.

 

La ley es clara en su intención de que el Estado tenga el pleno control de la empresa y de la producción del papel.

 

Está en juego la prensa

 

El Gobierno intentó justificar la sanción de la ley diciendo que busca desarticular a un monopolio, Papel Prensa, que en realidad no es tal.

 

Lo cierto es que el Estado quiere tener el monopolio de la palabra y del papel donde imprimirla: a partir de ahora, el Ministerio de Economía (que depende directamente del Poder Ejecutivo) podrá regular la producción y venta de papel; dictar reglamentos obligatorios para Papel Prensa o cualquier otra fábrica y controlar la importación del insumo.

 

En 1860, cuando la Constitución incorporó el artículo 32 -que establece que el Congreso no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, una cláusula que también está en la Constitución norteamericana-, buscó garantizarle a los diarios y, en general a los medios, que desarrollarán su actividad en un ambiente de absoluta libertad política, para ejercer el derecho a

criticar cómo las autoridades desempeñan la tarea para las que fueron electas.

 

La nueva ley parece chocar de frente con la Constitución, que es una norma superior.

 

La Constitución quiso dejar en los medios privados el monopolio de la crítica. El Gobierno, ahora, pretende tener el monopolio del papel donde escribir esas críticas.

 

¿Libertad o negocio?

 

Durnate estas dos semanas, el argumento central del Gobierno para impulsar la ley apuntó a instalar la ide de que las empresas periodísticas critican la ley porque cuidan su negocio.

La realidad es otra:

 

- Si el Estado controla el papel, como ocurrirá ahora, controla a los diarios, pudiendo asfixiar a los más críticos o independientes.

 

- Si Papel Prensa abastence a 440 diarios de todo el país, que le compran el 70 por ciento del insumo que utilizan -el resto lo importan libremente, a arancel cero, algo que ahora el Gobierno podrá modificar-, no es porque sea monopólica, sino por otras tres razones: 1) Papel de Tucumán, creada en la misma época, se dedicó a otra producción más rentable: 2) ningún otro empresario fuera de Clarín y La Nación estuvo dispuesto a invertir en este sector; 3) el Estado nunca le exigió a Papel de Tucumán que vuelva a producir papel para diario, ni creó por sí mismo otra papelera ni subsidió a un empreario para que lo hiciera.

 

Si en su cuadra hay un sólo almacén, no es porque haya un monopolio, sino porque otro comerciante prefirió dedicarse a otra actividad o porque las reglas que fijó el Estado lo desalientan. Ahora, de repente, el Gobierno intenta apoderarse de una actividad, no porque sea rentable, sino porque le es políticamente útil: controlar a los diarios.

 

-En estos momentos, el precio de la tonelada de papel es de $ 3245. El del papel importado es de 680 dólares, unos 3080 pesos. Incluso La Nación y Clarín importan papel, como lo hacen otros medios, porque es más barato que el de Papel Prensa, que tiene costos altos como cualquier empresa argentina. Si el Gobierno cierra la importación, no sólo podrá asfixiar a los diarios al no darle el insumo sino que, también, tendrá un peso decisivo para fijar el precio del papel.

 

-Fue el propio Gobierno el que impidió, en septiembre de 2010, que la aplicaba continuara aplicando el 12% de descuento según el volumen de compra. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, lo prohibió porque Clarín, el diario de mayor tirada y comprador de 55.000 toneladas, recibía descuento. Moreno, sin embargo, no advirtió que fundamentalmente perjudicaría a cientos de diarios que para obtener esos descuentos se agruparon en cooperativas.

El texto de la nueva ley

 

-El artículo 1° declara de "interés público" la producción y compraventa de papel. Esa es la justificación para disponer, a continuación, la regulación de esa actividad. A contramano de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente establecer controles sobre el papel para diario.

 

-Establece que el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación de la ley y, en el artículo 11, el Congreso le delega a esa cartera la posibilidad de dictar normas regulatorias.

 

Es decir, esta actividad ya no se regirá por las normas generales de defensa de la competencia aplicables a todas las empresas, sino que el Congreso y Economía dictarán normas y sanciones específicas para la prensa y la producción de papel. Esto va en contra del artículo 32 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso dictar leyes restrictivas de la prensa.

 

-Crea la Comisión Federal Argentina, integrada por representantes de diarios de todo el país, pero cuya coordinación también será ejercida por el Ministerio de Economía.

 

-En los artículos 16 h) y 41 se establece que el Estado, que hoy tiene una participación minoritaria del 27 por ciento en Papel Prensa, podrá ampliar su capital. ¿Qué ocurriría si le inyecta, como hace con Aerolíneas o con el Programa Fútbol para Todos, cientos de millones por año? Por esa vía podría licuar rápidamente el capital privado y quedarse con la producción de papel para diarios.

 

-El Estado, accionista minoritario de Papel Prensa, se rige actualmente por las normas de derecho privado societario. Pero, ahora, el Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, se regirá por las leyes de derecho administrativo y litigará ante la Cámara Contencioso Administrativo, sobre la cual el Gobierno tiene casi un pleno control.

 

-El proyecto prevé sanciones que van desde una multa hasta la clausura y será el Ministerio de Economía el que tenga el poder para reglamentar esos aspectos y aplicar esas sanciones.

 

-Papel Prensa deberá producir al máximo de su capacidad, para satisfacer el 100 por ciento. El Estado buscará aportar el capital para lograr ese objetivo y, como se dijo, quedarse con la mayoría de la empresa

 

La Nacion