Policias de la Federal arrestados por pedir 40 mil dolares de coima a un traficante

[Shinigami]

La causa llegó a juicio como un caso de secuestro extorsivo. Pero, durante el debate oral con la declaración de testigos y las escuchas telefónicas, la Justicia llegó a la conclusión de que se trató de un caso de cohecho (pedir un soborno a cambio de algo) y condenaron a dos hombres de la Policía Federal a tres años de cárcel.

Cuando los policías (dos pertenecían a la comisaría 44° y otro a la 35°) fueron detenidos, se informó que se trataba de una banda integrada por agentes de la Federal y barrabravas de la hinchada de Vélez Sarsfield, que ya habían cometido otros delitos.

 

 

Llegaron a juicio siete personas, de las cuales tres eran policías. Sólo dos terminaron condenados.

Al llegar la causa a juicio, el fiscal Raúl Pedro Perotti pidió que el subinspector Enrique Omar Zabala (31 años); el agente Walter Orlando Lucas y el cabo Héctor Horacio Miño (39) sean juzgados por secuestro extorsivo triplemente agravado por ser policías, por haber actuado tres o más personas y por el uso de armas.

Según el fiscal, el 5 de enero de 2009, a las 20, tres agentes vestidos con chalecos y gorras de la Policía Federal fueron a una casa de la calle Manzoni 362 (departamento 2) de Villa Luro y se llevaron esposados en un auto particular a Jorge Díaz y a Alejandro Ernesto Romano.

 

“Mientras recorrían jurisdicción de la comisaría 44° (los policías), mantuvieron comunicación telefónica con familiares de Díaz y le exigieron 40.000 dólares para su liberación.

Nueve horas después los dos hombres fueron liberados sin pago de rescate”, según la requisitoria. La ex esposa de Díaz, Nelly Castillo, dijo que su ex pareja la llamó a las 21 y le dijo que había tenido un incidente y le pidió que fuera a las calles Virgilio y Marcos Sastre a encontrase con él.

 

Cuando llegó al lugar, pudo ver a tres personas vestidas de civil y con chalecos antibalas de la Policía Federal.

“Los policías me dijeron que eran de la División Drogas Peligrosas y que le habían encontrado a mi ex 60 kilos de drogas. Pero que no me preocupara porque ya habían arreglado con él.

 

Díaz estaba sentado en el asiento trasero de un auto todo ensangrentado. Me pidieron 40.000 dólares ”, declaró la mujer.

 

Siempre según los dichos de Castillo, después del encuentro con los policías ella hizo la denuncia en Asuntos Internos de la Policía Federal y la División Antisecuestros intervino en el caso.

 

Los policías de antisecuestros le pidieron a Castillo que junte el dinero del rescate y que ellos la iban a acompañar encubiertos a entregarlo.

“Fuimos a pagar el rescate con dos amigos. Nos seguían policías en autos particulares. Por nextel los secuestradores nos guiaron hasta una estación de servicio (cerca de Beiró y General Paz) pero en el camino nos enteramos que los dos habían sido liberados”, declaró la mujer. Más tarde, Díaz declaró que los policías habían entrado a su casa rompiendo las puertas, que él trató de escapar y lo atraparon en la terraza. Y dijo que luego le pidieron 40.000 dólares de rescate. Nunca habló de drogas.

Por su parte, los hombres de la División Antisecuestros declararon que, en el seguimiento que hicieron cuando se iba a concretar el pago de rescate, vieron un Peugeot 206 que les pareció sospechoso porque merodeaba por las zonas indicadas para hacer el pago.

 

Luego descubrieron que ese auto – sin patente en la parte trasera – era del subinspector Zabala.

Ya con Díaz liberado, Antisecuestros solicitó los cruzamientos de llamadas telefónicas de Zabala y por la zona de aperturas de señal descubrieron que el subinspector estuvo merodeando por las calles donde debía pagarse el rescate.

Durante el juicio, las defensas de Zabala (que pertenecía a la comisaría 35°) y Miño (de la 44°) dieron la misma versión sobre cómo ocurrieron los hechos. Dijeron que aquel 5 de enero de 2009 fueron a la casa de Manzoni 362 porque tenían el dato de que allí iban a dejar un cargamento de 60 o 70 kilos de marihuana y que en ese lugar detuvieron a Díaz y a Romano cuando bajaban las drogas de una camioneta.

 

Arriba del patrullero, los policías le pidieron plata a Díaz para liberarlo y no armarle una causa y el hombre aceptó pagar.

“La detención no fue un error, ya que fue lícita y obligatoria. No hubo secuestro porque a Díaz lo llevaron a una plaza donde había chicos jugando”, explicó la defensa de Zabala. Además, el abogado pidió que se lo condene por cohecho, y que por tener un legajo intachable le den la pena mínima.

Luca fue absuelto. Nadie lo reconoció; no hubo llamados que lo involucren y logró demostrar que el día que ocurrieron los hechos estaba comiendo con un familiar.

 

Si bien Miño había declarado en contra de Luca, luego dijo que lo hizo porque había sido presionado por Antisecuestros. Los jueces del Tribunal Oral 2, le dieron la razón a la defensa de Zabala y de Miño y los dos fueron condenados por cohecho.

“Díaz nunca aclaró a qué se dedicaba ni de dónde venía. Romano tampoco dijo por qué se había reunido con Díaz ni a qué se dedicaba su amigo.

 

Si hubiesen sido secuestrados, no lo habrían liberado sin pago de rescate”, explican los jueces en el fallo.

Para el tribunal, con las escuchas telefónicas quedó claro que quien estaba llevando adelante las negociaciones era Díaz, porque quería lograr su beneficio propio.

 

Clarin