El_Tano Publicado 19 de Septiembre del 2011 Reportar Share Publicado 19 de Septiembre del 2011 Dos veces por semana, Danny Mainza Contreras –un peruano de 50 años al que en la villa 1–11–14 conocen como “El Viejo Bigote”– hacía “trabajos manuales” en una casa de la manzana 18: con cada kilo de cocaína o paco, tenía que armar 41 bolsitas de 25 gramos cada una. Cada vez que realizaba esa tarea, que le demandaba unas dos horas, le pagaban 300 pesos. A “Bigote” lo reclutó un pariente del también peruano Marco Antonio Estrada Gonzáles (alias “Marcos”, capo narco de la zona), a quien le alquilaba una casa en la manzana 21. Pronto, con el armado de bolsitas empezó a completar sus magros ingresos como cantante de serenatas. Al menos, hasta que terminó preso en Devoto. Mainza Contreras fue detenido por última vez en una serie de allanamientos ordenados por el juez federal Sergio Torres, aunque en 2005 ya había caído y había logrado zafar. En la casa donde estaba se secuestraron –entre otras cosas– tres kilos y medio de droga fraccionada y lista para salir a la venta en el mercado. Su historia es una de las muchas con las que se encontraron (y se siguen encontrando) el juez Torres y su secretario, Diego Iglesias, quienes investigan el tráfico de paco en la Capital Federal desde marzo de 2009. Hoy esa investigación ya es una megacausa, con cuatro millones de dosis secuestradas: el equivalente a más de 20 millones de pesos, puestas en la calle. En dos años de trabajo, Torres detuvo a 49 integrantes de la banda de “Marcos”, muchos de ellos miembros de la cúpula de la organización. Aún así, la sensación que tienen los investigadores es que el negocio es imposible de parar. Si algo dejó en claro este trabajo judicial fue que, sobre todo en lo que se refiere a paco y a cocaína, la villa 1–11–14 es el “Mercado Central de la droga”. A ella no sólo acuden dealers y clientes de distintos barrios de la Capital para comprar a precio mayorista. También llegan desde el Conurbano bonaerense. “La villa 1–11–14 es un centro mayorista. Mucha gente va a comprar ‘doscientos de veinte’. Es decir, doscientos envoltorios de 20 pesos; o quinientos de 30 pesos. Los de abajo (el paco) están como 7 pesos, después los venden a más precio afuera de la villa”, sintetizó un “arrepentido” de la banda de “Marcos”, que hoy vive en un programa de protección de testigos. En este “Mercado Central” cada cosa está pensada al detalle. Para marcar que la droga pertenece a la banda de “Marcos” –lo que garantiza determinada calidad–, los paquetitos se envuelven en trozos de bolsas de nylon de supermercados Día, cuidando que siempre quede alguna marca color rojo en el envoltorio. A los de paco se los cierra con una cinta negra y a los de cocaína, con una roja. Todo es muy sistemático: por día entran a la villa entre 3 y 5 kilos de droga peruana (la llevan siempre los mismos dos encargados) y, según los investigadores, no hay operativo que detenga el flujo Hace un mes, el miércoles 17 de agosto, Gendarmería –que desde mediados de año reemplaza a los policías federales en la zona– detuvo a un peruano con 1.200 dosis en uno de los pasillos de la villa; el viernes 26, los gendarmes apresaron a otro peruano, que llevaba 754 dosis de paco. La droga que incautaron estaba envuelta con los clásicos colores rojo y negro que distinguen el “producto” de la banda de “Marcos”. Ambas fueron detenciones al voleo, en controles de rutina del Operativo Cinturón Sur. Según las fuentes consultadas, ese despliegue de gendarmes “complicó pero no anuló el negocio narco en el barrio. Sí mejoró la vida de los vecinos porque hay menos robos y menos hechos violentos”. De cómo la cocaína llega desde Perú al Bajo Flores se saben sólo algunas cosas. El método de las mulas ingestadas parece haber quedado en el pasado. Los investigadores creen que ahora los panes de cocaína entran por tierra o en avionetas y tienen como primera escala importante el conurbano bonaerense: Moreno y algunas localidades de la zona sur, donde se detectaron compras de terrenos por parte de testaferros de “Marcos”. El siguiente paso es tan sencillo como trasladar la droga a la villa. Según los investigadores consultados por Clarín, en este punto la mecánica no se alteró con los años: se usan los coches de las mismas remiserías denunciadas en 2005 en la primera gran causa abierta contra la organización de Estrada Gonzales, a cargo del juez federal Jorge Ballestero. Ya en el Bajo Flores, la cocaína y el paco pasan por un primer fraccionamiento, que se hace en uno de los sectores inexpugnables del barrio: la manzana 21, a la que se accede por la llamada puerta 102. “Ningún operativo preventivo llega hasta ahí”, sentenciaron en los tribunales de Comodoro Py. Desde afuera, la puerta 102 parece la entrada a una casa más. Pero en realidad es el acceso a un pasillo que da a un bunker con más pasillos, adonde se concentra el poder de la banda. Según dijeron el “arrepentido” y un testigo de identidad reservada del expediente, no cualquiera puede traspasar la puerta 102. Es que detrás de ella también se hace acopio de armas y se guarda el dinero recaudado, que sale del asentamiento tres veces por semana. La organización narco se mueve como una pyme, que paga sueldos estandarizados a los que se ocupan de las distintas tareas y también premia la productividad. Así como el que arma los paquetitos cobra 300 pesos por dos horas, cada puntero que trabaja en una esquina clave de la villa recibe unos 6.000 pesos al mes. Aunque “Marcos” esté preso desde 2007, y gran parte de la cúpula de la organización que le responde también, el engranaje de tráfico que se le atribuye sigue funcionando sin inconvenientes, admiten fuentes judiciales. Los punteros que son detenidos, muertos o identificados en causas judiciales son repuestos por familiares y amigos importados de Perú. Cuando caen los miembros de la cúpula, mudan sus oficinas a sus celdas. Las órdenes las pasan en las visitas que les hacen sus subalternos y siempre cuentan con celulares, que entran misteriosamente a los penales. Algunos aparatos fueron descubiertos dentro de la carne picada que los familiares llevaban en las visitas. Y, durante un allanamiento a la cárcel de Devoto hecho a fines del año pasado se secuestraron varios teléfonos en el sector que ocupaban los hermanos Roger y César Augusto Reyes Zubieta, miembros de la cúpula y parientes políticos de “Marcos”. Un ejemplo de este mando a distancia es Justo Pastor Orellano Trujillo, actualmente con pedido de captura del juez Torres. La última foto que se tiene de él es de una de las múltiples visitas que le hizo a “Marcos” en la cárcel. La esposa de “Marcos”, Silvana Salazar (39), también está presa. Hoy está en un penal, pero durante mucho tiempo gozó de “arresto domiciliario” con la excusa de cuidar a su hijito. Los registros del barrio privado La Celia (Ezeiza), donde está la casa familiar, demostraron que la segunda línea de la organización la visitaba con frecuencia. Via clarin Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
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