Los usurpantes del parque Indoamericano seran Indagados en Octubre

[El_Tano]

Las declaraciones indagatorias a los seis acusados de promover la toma del Parque Indoamericano , en diciembre pasado, fueron postergadas para el mes próximo.

 

Se trata de una causa en la que hay un profundo debate sobre pobreza y derecho penal. La jueza de primera instancia María Cristina Nazar había ordenado el cierre de la investigación judicial al considerar que la toma de tierras en Villa Soldati fue el resultado de un problema social que debe resolverse por la vía política. Sin embargo, la Cámara Penal y Contravencional de la Ciudad rechazó esa conclusión y ordenó continuar con el trámite por “usurpación del espacio público”.

 

 

La toma del Indoamericano involucró a más de diez mil personas de las villas y asentamientos de la zona sur y provocó gravísimos hechos de violencia , que dejaron tres muertos , cuyos responsables hasta ahora no han sido identificados por la Justicia. Tras más de una semana de enorme tensión, el predio fue desocupado rápidamente luego de las negociaciones con los gobiernos de la Ciudad y Nacional.

 

Los seis imputados por promover la toma son Diosnel Pérez Ojeda, Luciano Nardulli, Noemí Ruejas, Berta Revilla, el kirchnerista Alejandro “Pitu” Salvatierra y Antonio Chancalay, todos militantes de organizaciones sociales que trabajan en las villas del Sur de la Ciudad. Estaba previsto que las indagatorias –paso previo a un eventual procesamiento– comenzaran ayer y se extendieran hasta el martes próximo. Sin embargo, a pedido de las defensas, que pidieron más tiempo para ver las pruebas en su contra, se fijaron nuevas fechas, a partir del 12 de octubre , según fuentes judiciales.

 

Ayer, a pesar de que la audiencia se suspendió, integrantes del Frente Popular Darío Santillán, del que forma parte Diosnel Pérez Ojeda, se concentraron frente a la sede del ministerio Público de la Ciudad, en Bartolomé Mitre y Callao, para exigir el cese “de la persecución judicial y política”.

 

“Tenemos una cantidad de pruebas para sostener que la toma no se vinculó con la necesidad social de los ocupantes , sino con intereses particulares de quienes la impulsaron. Los promotores invocaron el discurso de la necesidad, que por supuesto existe, para justificar el negocio personal que pretendían hacer. ¿Cuál era ese negocio? El loteo del Indoamericano o, al menos, el cobro de subsidios para desocuparlo”, le dijo a este diario el fiscal general adjunto de la Ciudad, Luis Cevasco, y agregó: “Está demostrado que los imputados tuvieron el dominio de los hechos en todo momento. Una de las situaciones que demuestran que esto es así es que, cuando ellos negociaron y alcanzaron un acuerdo con el Gobierno, la toma terminó enseguida”.

 

Los fiscales incluso habían pedido a principio de año las detenciones de los imputados, que están acusados del delito de usurpación, pero ahora el reclamo no se repitió, por lo que seguirán en libertad aún cuando sean procesados .

 

La reapertura de la causa y los llamados a indagatorias fueron medidas cuestionadas por legisladores y organizaciones. “Los poderes del Estado, por acción y omisión, configuran una intervención pública que funciona como advertencia a los más pobres: el derecho a la vivienda es para unos pocos, los que se resistan a este estado de cosas serán disciplinados a través del derecho penal”, se lee en una carta firmada hace pocos días por la CTA Capital, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y los diputados porteños Fabio Basteiro (Proyecto Sur) y Martín Hourest (Igualdad Social).

 

Los firmantes llamaron “a las autoridades políticas a no continuar criminalizando la pobreza y las acciones de quienes luchan por el acceso a la vivienda digna”.

 

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