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Parque Indoamericano: La pobreza no es razon para permitir un delito


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La Justicia decidió reabrir la causa por la toma del Parque Indoamericano con duras críticas a la jueza María Cristina Nazar, quien en marzo de este año opinó que no hubo delito y rechazó detener a seis delegados de las villas 20 y Los Piletones. En el fallo, al que accedió Clarín.com en exclusiva, los jueces de la Sala I de la Cámara Contravencional determinaron que aquella resolución es “arbitraria” porque se contradice con resoluciones anteriores de la misma jueza y porque "carece de fundamentación". Además, dijeron que la invocación de la pobreza no es suficiente para descartar posibles delitos. La decisión se conoció un día después de las elecciones porteñas, pero había sido firmada la semana pasada.

 

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Los camaristas Marcelo Vázquez, Elizabeth A. Marum y Sergio Delgado decidieron ratificar a la jueza Nazar, "no existen motivos para suponer, de momento, comprometida su imparcialidad", dice el fallo, y la instaron a profundizar la investigación sobre la toma, ocurrida en diciembre del año pasado.

 

En marzo, la magistrada opinó que no hubo delito en la toma, sino un conflicto social que la política no supo resolver, y rechazó detener a seis delegados de las villas 20 y Los Piletones. Incluso reclamó que se archive la causa.

 

Los supuestos cabecillas eran: Diosnel Pérez Ojeda, que preside la junta vecinal de la villa 20; Luciano Nardulli, delegado de la misma villa y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Noemí Mónica Ruejas y Berta Elizabeth Revilla, ambas de Los Piletones; Antonio Marcelo Chancalay, delegado de la villa 20; y Alejandro "Pitu" Salvatierra, militante kirchnerista y uno de los personajes claves en la desocupación del terreno

 

El fallo de Nazar generó una polémica y una ola críticas desde el Gobierno porteño. El jefe de Gobierno Mauricio Macri sostuvo que es "una luz de alarma" que convierte a la ciudad en "el Far West".

 

A fines de abril, el fiscal de la Cámara Contravencional Walter Fernández apeló y pidió que la magistrada, a quien acusó de “consagrar una nueva forma de acceso de la propiedad, la de una expropiación popular”, se aparte de la investigación. Además, sostuvo que se excedió en sus funciones al evaluar elementos que deberían discutirse en un juicio y al pedir el archivo de la causa.

 

Fernández también hizo hincapié en su momento a los “grotescos cambios de opiniones de la magistrada”, quien ordenó el desalojo el 7 de diciembre del año pasado, y tres meses después, el 1 de marzo, opinó que no hubo delito.

 

Fuentes judiciales consultadas por Clarín.com dijeron que ahora los fiscales deberán renovar los pedidos de allanamientos y detenciones sobre los supuestos organizadores de la toma. Para el Ministerio Público, existió "una organización que, aprovechándose de la necesidad habitacional, condujo a los ocupantes hacia la consecución de un fin ilícito".

 

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